Asamblea Legislativa, 9 nov (elmundo.cr)- La Ley 9095, contra la Trata de Personas y Creación de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas, lleva cerca de dos años sin contar con un reglamento que permita dar el correcto funcionamiento a la misma.
Luego de la entrada en vigencia de esa Ley en el 2013, el Gobierno contaba con un plazo de tres meses para la creación de este reglamento, sin embargo, durante los 12 meses siguientes la administración de la Expresidenta de la República, Laura Chinchilla, no dio marcha a la construcción del documento, situación que se mantiene con el actual Gobierno de Luis Guillermo Solís, el cual tiene ya 18 meses en el poder sin concretar esta norma.
La elaboración del reglamento contra la trata de personas, recae bajo la responsabilidad del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), el cuál tuvo que paralizar el giro de un monto de 327 millones de colones que se iban a destinar para la construcción de un albergue para la atención de víctimas de trata con fines de explotación sexual y a los hijos e hijas de estas.
Actualmente, el INAMU cuenta con un superávit de 9800 millones de colones, estado que agrega a está institución a la lista de entidades que sobresalen por la falta de ejecución de su presupuesto.
Días atrás, fueron el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) y el Banco Hipotecario de Vivienda (BANHVI), los que se vieron envueltos en denuncias por no ejecutar su presupuesto anual.
La falta de este reglamento fue denunciada el día de hoy ante la Sala IV por los diputados del Partido Unidad Social Cristiana.
